Saturday, June 28, 2014

Roque Dalton y los tribunales ad hoc de la izquierda


El asesinato de Roque Dalton por sus compañeros del ERP es uno de los casos más emblemáticos de la historia de la guerra de los 80.  En una entrevista con contrAPunto, Jorge Meléndez, alias Jonás, se refiere al asesinato como parte de un “proceso político” dentro de la guerrilla: “Yo no recuerdo el asesinato de Roque Dalton, recuerdo un proceso político en el cual salieron muertos varios compañeros, uno de ellos, Roque Dalton”.  La ambigüedad de los tribunales de la izquierda se hace patente en el rodeo verbal de Meléndez para expresar la decisión de ejecutar a Dalton.  No queda claro si “proceso político” y “asesinato” son dos cosas distintas o si forman una unidad en la que, por “proceso político”, ya se entiende “asesinato”.

Durante la guerra, Americas Watch, una organización de los derechos humanos denunció los ajusticiamientos de la izquierda por considerarlos una violación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados.  Gracias al diálogo que estableció Americas Watch con el FMLN durante la guerra, existen archivos de las comunicaciones en que el FMLN describe la estructura de sus tribunales y la lógica de su código penal.  Me baso aquí en el reporte sumario de Americas Watch “La falta de garantías a un tribunal de justicia en los juicios ad hoc del FMLN” (1990).

Según este archivo, en 1988 el FMLN afirmó ante el Comité internacional de la Cruz Roja (ICRC) la intención de respetar e implementar las normas de la ley humanitaria en su proceso penal.  Los representantes del FMLN razonan que la severidad de los ajusticiamientos responde a la intensificación de las redes de inteligencia de la guardia civil y de sus consejeros estadounidenses.  Además, explican que se sanciona la debilidad ideológica o la colaboración en relación a la gravedad del daño causado o al daño que pudo haber resultado. 

Los representantes del FMLN también afirman que los líderes adaptan la clase de tribunal y la ley a “las posibilidades reales de la zona” donde se lleva a cabo el juicio.  Sin embargo, se garantiza la existencia de un código penal con sanciones determinadas.  Este código incluye normas concretas para la formación de un tribunal independiente e imparcial y para la selección de un defensor del acusado.  Sin embargo se estipula que, para evitar represalias, no se suele revelar la identidad del defensor.   

En varias ocasiones los miembros de Americas Watch les pidieron a los representantes del FMLN una copia de este código penal, pero nunca se entregó el documento.  Según Americas Watch, “Suponemos que, tomando en cuenta las declaraciones contradictorias que nos han dado distintos líderes del FMLN en varios momentos en relación con el proceso penal, que tal código o proceso no existe, o, si existe, se desconoce o no se hace cumplir”. 

En mi parecer, el argumento de adaptar las nociones de un juicio justo a “las posibilidades de la zona” hace eco del estado de excepción de Giorgio Agamben.  Según Agamben el estado de excepción se constituye en contextos extremos cuando se suspende el orden jurídico y caducan las salvaguardias y garantizas institucionales.  Es aquí, en el estado de excepción, que surge la ambigüedad que marca Jorge Meléndez con separar el “proceso político” de un acusado del “asesinato” de un hombre.  Es precisamente en esta “tierra de nadie” entre el orden jurídico y la vida física que perdimos a Roque Dalton.

 

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